ETAPA REFORMISTA
En Guatemala se vivió una etapa reformista conocida como la
Primavera Democrática (1944-1954). Entre las medidas más importantes que se
aplicaron destaca la reforma agraria, que hubiese implicado un impulso para el
país por el hecho de ampliar la base económica de la población.
Desgraciadamente, la oligarquía nacional y notables compañías extranjeras, como
la norteamericana United Fruit, se opusieron enérgicamente y acabaron
derrocando al Gobierno con la ayuda militar de los Estados Unidos. Este
episodio ha marcado un hito importante en la historia guatemalteca
contemporánea, generando frustraciones y odios que nutrieron la conflictividad
y la violencia.
En este contexto, y paralelamente a los movimientos guerrilleros que surgieron en diversos países latinoamericanos siguiendo el ejemplo cubano del foco insurreccional, aparecen las guerrillas en Guatemala. En su origen estaban compuestas por varias organizaciones, con tendencias divergentes de la ideología marxista y diferente implantación al campo o a la ciudad. Después de sufrir varias derrotas que casi supusieron su desaparición, en el año 1982 se englobaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Aunque continuaron reafirmando su intención de luchar por un cambio revolucionario en el país, su discurso ideológico y sus programas se identificaron más con elementos nacionalistas, concediendo una consideración particular a la mayoritaria población indígena, hecho que contribuyó a aumentar sus efectivos y a obtener un apoyo social significativo.
Mientras, los gobiernos militares se fueron sucediendo, mediante elecciones fraudulentas o golpismo, y algunos de ellos aplicaron además una estrategia represiva feroz. En la primera mitad de la década de los años 80, los gobiernos de los generales Romeo Luces y Efraín Ríos Montt impulsaron una campaña contrainsurgente de tierra arrasada que destruyó las bases de apoyo civil de la guerrilla y redujo sustancialmente sus áreas de influencia. A parte de su naturaleza autoritaria y su predilección por la acción represora violenta, estos gobiernos temían mucho que se reprodujera en Guatemala el éxito de la revolución sandinista en Nicaragua o la capacidad militar de la guerrilla salvadoreña.
Los primeros indicios de la ruta hacia la pacificación empezaron a perfilarse a finales de los años 80. Confluyeron varios elementos internacionales e internos. La crisis centroamericana, con conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, movilizaron diferentes países de América Latina y Europa para intentar articular mecanismos de paz en la región. Un momento significativo fue la firma, en el año 1987, del llamado Acuerdo de Esquipulas por parte de los presidentes centroamericanos, en el que se establecía el compromiso interno y los procedimientos para pacificar estos países, que incluían el apoyo y la verificación internacional. Esta vía de mediación internacional, que fue organizada y dirigida instrumentalmente por las Naciones Unidas, ha representado un apoyo providencial para las negociaciones y los acuerdos de paz.
En el ámbito interior, a partir de la nueva Constitución de 1985 y la elección de un presidente civil en 1986, Guatemala inició un arduo proceso de transición democrática que aún hoy pugna por consolidarse. Desde el principio no ha sido fácil desarrollar las instituciones y la práctica cotidiana de una convivencia democrática. Además, el proceso de las negociaciones que culminaron en el acuerdo de paz de 1996 ha estado lleno de altos y bajos y continuamente ha interferido en la vida política del país.
El patrón económico y social tan desigual de Guatemala ha podido sostenerse por la práctica continuada de políticas autoritarias por parte de unas élites muy reaccionarias, que no han dudado en utilizar las Fuerzas Armadas para contener la capacidad reivindicativa de las mayorías populares y para combatir las guerrillas. Posteriormente, la apuesta de estas mismas élites por la paz y la democracia se basa de alguna manera en la previsión de seguir acaparando el máximo poder con las imprescindibles concesiones políticas y económicas. Aquí cabe señalar la división entre una derecha modernizadora, presente en el Partido de Avanzada Nacional (PAN), que proyecta una transformación económica de talle neoliberal, y otra más reaccionaria que combina la defensa de los privilegios con algunas características de populismo, representada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el general y líder del movimiento evangélico Efraín Ríos Montt.
Por su parte, la URNG ha batallado en la negociación para su incorporación en la vida pública con plenas garantías de seguridad, una transformación de la estructura política e institucional, incluyendo una significativa desmilitarización de la sociedad, y el objetivo de cambiar el modelo socioeconómico. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, esta nueva empresa se encontrará con otras organizaciones cívicas (sindicales, indígenas, de Derechos Humanos, asociaciones profesionales, etc.) que hace mucho tiempo que luchan para una ampliación de la democracia y la satisfacción de sus reivindicaciones. Algunos observadores señalan la posibilidad que entre todos consigan articular una fuerza política progresista con capacidad de actuación en el espacio democrático que se está perfilando en Guatemala.
En este contexto, y paralelamente a los movimientos guerrilleros que surgieron en diversos países latinoamericanos siguiendo el ejemplo cubano del foco insurreccional, aparecen las guerrillas en Guatemala. En su origen estaban compuestas por varias organizaciones, con tendencias divergentes de la ideología marxista y diferente implantación al campo o a la ciudad. Después de sufrir varias derrotas que casi supusieron su desaparición, en el año 1982 se englobaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Aunque continuaron reafirmando su intención de luchar por un cambio revolucionario en el país, su discurso ideológico y sus programas se identificaron más con elementos nacionalistas, concediendo una consideración particular a la mayoritaria población indígena, hecho que contribuyó a aumentar sus efectivos y a obtener un apoyo social significativo.
Mientras, los gobiernos militares se fueron sucediendo, mediante elecciones fraudulentas o golpismo, y algunos de ellos aplicaron además una estrategia represiva feroz. En la primera mitad de la década de los años 80, los gobiernos de los generales Romeo Luces y Efraín Ríos Montt impulsaron una campaña contrainsurgente de tierra arrasada que destruyó las bases de apoyo civil de la guerrilla y redujo sustancialmente sus áreas de influencia. A parte de su naturaleza autoritaria y su predilección por la acción represora violenta, estos gobiernos temían mucho que se reprodujera en Guatemala el éxito de la revolución sandinista en Nicaragua o la capacidad militar de la guerrilla salvadoreña.
Los primeros indicios de la ruta hacia la pacificación empezaron a perfilarse a finales de los años 80. Confluyeron varios elementos internacionales e internos. La crisis centroamericana, con conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, movilizaron diferentes países de América Latina y Europa para intentar articular mecanismos de paz en la región. Un momento significativo fue la firma, en el año 1987, del llamado Acuerdo de Esquipulas por parte de los presidentes centroamericanos, en el que se establecía el compromiso interno y los procedimientos para pacificar estos países, que incluían el apoyo y la verificación internacional. Esta vía de mediación internacional, que fue organizada y dirigida instrumentalmente por las Naciones Unidas, ha representado un apoyo providencial para las negociaciones y los acuerdos de paz.
En el ámbito interior, a partir de la nueva Constitución de 1985 y la elección de un presidente civil en 1986, Guatemala inició un arduo proceso de transición democrática que aún hoy pugna por consolidarse. Desde el principio no ha sido fácil desarrollar las instituciones y la práctica cotidiana de una convivencia democrática. Además, el proceso de las negociaciones que culminaron en el acuerdo de paz de 1996 ha estado lleno de altos y bajos y continuamente ha interferido en la vida política del país.
El patrón económico y social tan desigual de Guatemala ha podido sostenerse por la práctica continuada de políticas autoritarias por parte de unas élites muy reaccionarias, que no han dudado en utilizar las Fuerzas Armadas para contener la capacidad reivindicativa de las mayorías populares y para combatir las guerrillas. Posteriormente, la apuesta de estas mismas élites por la paz y la democracia se basa de alguna manera en la previsión de seguir acaparando el máximo poder con las imprescindibles concesiones políticas y económicas. Aquí cabe señalar la división entre una derecha modernizadora, presente en el Partido de Avanzada Nacional (PAN), que proyecta una transformación económica de talle neoliberal, y otra más reaccionaria que combina la defensa de los privilegios con algunas características de populismo, representada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el general y líder del movimiento evangélico Efraín Ríos Montt.
Por su parte, la URNG ha batallado en la negociación para su incorporación en la vida pública con plenas garantías de seguridad, una transformación de la estructura política e institucional, incluyendo una significativa desmilitarización de la sociedad, y el objetivo de cambiar el modelo socioeconómico. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, esta nueva empresa se encontrará con otras organizaciones cívicas (sindicales, indígenas, de Derechos Humanos, asociaciones profesionales, etc.) que hace mucho tiempo que luchan para una ampliación de la democracia y la satisfacción de sus reivindicaciones. Algunos observadores señalan la posibilidad que entre todos consigan articular una fuerza política progresista con capacidad de actuación en el espacio democrático que se está perfilando en Guatemala.
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